Según detalla la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos en la revista Hosteltur “los alquileres vacacionales alegales generan una economía sumergida de 2.900 millones de euros, una actividad que ha crecido un 300% en tres años”. Y añade: “en 2012 casi seis millones de turistas pernoctaron en alojamientos cuya seguridad y/o calidad no está controlada…”

En el turismo rural no es muy diferente. Algunos particulares, con casa en el pueblo, la alquilan como casa rural (así se anuncian) sin cumplir normativa y obligaciones con Turismo, Ayuntamiento, Guardia Civil, Hacienda, … Lo que no siempre repercute en el precio y a cambio de riesgos importantes:

• En caso de problemas respecto a calidad de los servicios contratados, ¿qué defensa tiene el cliente frente al propietario? ¿Cómo gestionarlo?
• ¿Quién garantiza que las instalaciones de calefacción, fontanería, electricidad, seguridad,… son adecuadas? No son las mismas para una casa particular que para un alojamiento turístico.
• ¿Hay seguro de la casa que responda ante un accidente? Y en caso contrario, ¿a quien reclamar? ¿Cómo?
• ¿Hay algún documento y/o mail que justifique la presencia del cliente en la casa?  No es lo mismo ser cliente que invitado.

Esta ilegalidad nos perjudica a todos, pero sobre todo al cliente, que queda desprotegido. Entendemos que busque el mejor precio, incluso a costa de la calidad, … pero sin renunciar a la seguridad.

Lar-ami