El fin del Absolutismo y la situación de la Hacienda Pública provocaron que durante la regencia de la reina María Cristina (1.833-1.840) la desamortización de los bienes del  clero se viese como la solución. Comenzaba la Desamortización de Mendizábal.

Un decreto de 19 de febrero de 1.936 establecía la desamortización de los bienes inmuebles del clero regular, que el 5 abril 1.837 se extendió a muebles, pinturas, ropajes, alhajas, … Esto desató una fuerte oposición popular que ocultó muchos bienes: unos se perdieron y otros pasaron a particulares. Con Espartero (1.841) comenzó la segunda fase  que afectó a todas las propiedades del clero secular, excepto huertos y casas de curatos. A su caída en 1.844,  el partido conservador decretó la devolución al clero de los bienes que aun no hubieran sido enajenados.

En La Ribera se vieron afectados el Monasterio de Bonaval (ya lo contamos) y el Convento Franciscano de Tamajón. La Diputación de Guadalajara quiso quedarse con el convento para Juzgado, renunciando cuando el juez pasó a Cogolludo.  Pobre y destruido por los franceses, ya estaba en muy mal estado. Fue anunciado en pública subasta en 1.844 por 55.000 reales, pero no se vendió. Lo sería en la siguiente desamortización (de Madoz).

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